El Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP), Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, durante su participación en el panel: Nuevas discusiones e impactos interamericanos en la jurisdicción constitucional latinoamericana desarrollado esta jornada en el XXVIII Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, dio a conocer la labor que realiza la institución respecto al resguardo jurídico del derecho al agua, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1582/2022-S2 de 14 de diciembre referida al caso emblemático de contaminación del Lago Uru Uru en el departamento de Oruro.
El Presidente del TCP, explicó que la jurisdicción constitucional boliviana está promoviendo que se genere una tutela ambiental efectiva y un desarrollo material de la constitución ecológica, señalando además que la Sentencia concedió la tutela aplicando el Acuerdo de Escazú y todos los estándares interamericanos que tienen que ver con la temática, debido a la vulneración no solamente al derecho al agua en su dimensión colectiva, sino también al derecho a una vida digna, a la salud, a la Madre Tierra y al medio ambiente sano de las y los pobladores, así como de la flora y fauna de la región.
“El agua en Bolivia viene presentando un problema esencial de escasez y sobre todo está generando complicaciones con relación a la contaminación por parte de las industrias, por la falta de políticas institucionales o por falta de voluntad y exigibilidad de respeto a la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Corpus Juris de Derechos Humanos”, refirió la autoridad.
Con la ponencia denominada: “La Tutela del derecho colectivo al agua y su tratamiento en la jurisdicción constitucional latinoamericana”, el Presidente Franco Zamora motivó la reflexión sobre el tema, e informó que el TCP fortalece la Acción Popular como un verdadero mecanismo que puede ser activado por las víctimas de los embates catastróficos que está produciendo el cambio climático en el país, principalmente por las naciones y pueblos indígena originario campesinos, quienes tienen su forma de vida amparados en la Pachamama.
A tiempo de finalizar su intervención, el Presidente del TCP instó a promover desde la jurisdicción constitucional un respaldo pleno a la labor que desarrollan las juezas y jueces de rostro verde. “Tenemos una obligación moral para promover y ayudar a mitigar los efectos del cambio climático desde el ámbito donde nos encontramos, trabajemos por un constitucionalismo transformador que proteja los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos”, concluyó.
La autoridad compartió el espacio de debate y análisis con la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Norma Piña Hernández; el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique; el Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Alejandro Linares Cantillo; y el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Víctor Ríos Ojeda. Actividad moderada por Mariela Morales, Investigadora del Instituto Max Planck de Derecho Comparado y Derecho Internacional.
