Con el objetivo de asegurar la actividad continua y permanente de los servicios jurisdiccionales constitucionales en medio de la pandemia de COVID-19, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en coordinación con el Ministerio de Justicia gestionó la dotación de pruebas rápidas de antígeno nasal que hoy son entregadas al sistema judicial boliviano.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirmó el rol fundamental de la independencia y la actuación de los poderes judiciales, cuyo funcionamiento debe ser asegurado en contextos de pandemia para precautelar el ejercicio de los derechos humanos”, manifestó el Presidente del TCP, MSc. Paul Franco Zamora.
En este mismo sentido, la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que las garantías jurisdiccionales indispensables para la protección de derechos fundamentales no puede ser suspendida ni en actuaciones de excepción o emergencia, conforme establece el art. 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En ese marco que las 8.850 pruebas rápidas de antígeno nasal dotadas al sistema judicial boliviano contribuirán al rastreo de posibles casos positivos de COVID-19 entre los servidores públicos, de manera que se haga una contención exitosa y no exista el riesgo de un contagio masivo que paralice el servicio a la ciudadanía.
En el caso específico del TCP, por las características de su actividad “…no puede dejar de atender a todos los usuarios que cada día acuden a nuestra entidad en busca de justicia constitucional, implicando dicha situación el desarrollo de funciones en plataforma de atención y en otras unidades jurisdiccionales y administrativas”, señaló su principal autoridad.
Las pruebas rápidas de antígeno nasal para la detección del COVID-19 serán distribuidas entre todas las instancias nacionales y departamentales del sistema de justicia nacional, que incluye además del Órgano Judicial, al Tribunal Constitucional Plurinacional y la Fiscalía General del Estado Plurinacional.
